Mientras el Congreso discute la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal a 14 años, distintos sectores sociales expresan su preocupación por el enfoque punitivo de la propuesta. Desde ámbitos religiosos, académicos y de derechos humanos se advierte que el encarcelamiento de menores no soluciona los problemas de fondo y puede incluso agravarlos.
Una de las voces que se sumó al debate fue la del obispo de La Rioja, Dante Braida, quien recordó que la delincuencia juvenil debe ser abordada desde sus raíces: exclusión social, falta de oportunidades, entornos de violencia y abandono estatal. “Poner en situación de encierro a un chico no resuelve el problema de raíz”, afirmó.
La Iglesia —como otros espacios vinculados a la niñez— sostiene que encarar esta problemática requiere un abordaje multisectorial, políticas de prevención y dispositivos de contención, más que el endurecimiento de penas. Además, alertan sobre las condiciones de encierro en el país y la falta de infraestructura para alojar adolescentes en contextos adecuados.
Los proyectos que impulsan la baja de edad penal no prevén partidas para nuevas instituciones ni un cambio estructural del sistema. Para muchos, se trata de una respuesta rápida a una demanda social legítima de seguridad, pero que deja de lado una discusión de fondo: qué hacer con los adolescentes que el Estado no acompaña, hasta que cometen un delito.
“El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio”, concluyen desde diversos sectores, que reclaman más diálogo y menos urgencia en decisiones que marcarán el futuro de generaciones enteras.
